Anular o no. Esa es la cuestión.

Por Matías Camargo

¿Qué nos está pasando pueblo? Así comenzaba un estado de Facebook hace unos días y disparó una discusión interesante. Anular o no la Ley de Caducidad. Decisión que ya fue tomada por la ciudadanía en dos oportunidades. Decisión motivada primero por el miedo, tal vez; por la falta de información, la segunda. Estamos todos de acuerdo, o al menos aquellos que nos proclamamos de izquierda y necesitamos justificar de algún modo cómo ha sido posible que los uruguayos no queramos cerrar heridas, saber la verdad y mirar adelante en paz.

El último pronunciamiento del pueblo dolió. Al militante de izquierda le significó lágrimas, además de sudor y agotamiento en la campaña. ¿Qué nos pasó? Los argumentos son miles, el resultado uno: NO. El 52,64% de la ciudadanía no quiere resolver este tema.

Un 52,64% que si bien no se podría considerar nunca una mayoría aplastante es motivo más que suficiente para aceptarlo, acatarlo y respetarlo. Ese 52,64% se pronunció en uno de los mecanismos más directos del que disponemos los uruguayos por la Constitución de la República.

La anulación parlamentaria también constituye un mecanismo válido para la toma de decisiones, pero cuando el pueblo delega esa decisión en sus representantes; no cuando éste ya se ha pronunciado y no por primera vez.

¿Qué nos pasa? Sencillo, a la izquierda y a aquellos que nos proclamamos izquierdistas nos duele la injusticia, nos duele no saber la verdad y no toleramos que los represores, torturadores y violadores transiten nuestras calles sin nunca haber recibido condena por parte de la Justicia. Por eso convocamos a nuestros legisladores a llevar adelante un procedimiento que termine por una buena vez con tanto dolor.

Perfecto. Ahora, ¿son enteramente válidos estos argumentos frente al propio peso del valor democrático que tanto hemos defendido a lo largo de la historia? ¿Vale más la verdad y la justicia frente al daño que le hacemos y nos haremos nosotros mismos como izquierdistas desoír una decisión directa del pueblo, obligando incluso os legisladores a que se pronuncien de una forma aún cuando su postura sea contraria?

Entonces la discusión es otra. No argumentemos con lo dañino que resulta mantener una ley de este tipo vigente que ya todos lo sabemos. El punto central son los mecanismos que la democracia tiene para expresarse. La vía parlamentaria es una de ellas, es cierto, pero para recurrir a ella no lo hubiésemos plebiscitado antes. No hubiésemos invertido ni tiempo, ni dinero, ni sudor, ni lágrimas en un procedimiento que nos guste o no ya arrojó su resultado.

¿Qué conseguimos con esto? Saber la verdad, sí. O al menos dejarle paso a la Justicia para que proceda. Pero también le estamos dando a la derecha todos los elementos para que si vuelven al gobierno se rifen las decisiones mayoritarias que la gente pueda tomar a través de los diversos mecanismos de participación dispuestos. Como izquierdistas, defensores a ultranza de la libertad y la democracia, estamos violando esa libertad de la gente de elegir, y nos damos el lujo de pisotear la Democracia. Esa democracia que tanto luchamos por conseguir, por recuperar, que no será perfecta, pero es el más perfecto sistema conocido por todos.

El único argumento válido que he escuchado por ahí es que este tema se encuentra explicitado en el Programa del Frente para este periodo. Programa que a sabiendas o no, el 52,39% de la población eligió. Allí se anunciaba la voluntad política de anular esta ley por vía parlamentaria. Se hace lo que se programó. Perfecto. Yo lo voté. Pero mi pregunta inicial sigue siendo dándome vueltas: ¿tiene real validez y es honesto cuando sobre este tema en concreto hubo decisión popular directa? No.